Hace algunos días el Congreso, con amplía mayoría, aprobó el proyecto de ley que amplía y flexibiliza el sistema actual de incentivos tributarios que se entrega a las empresas por los esfuerzos realizados en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.
La ventaja de este proyecto, ingresado el año 2010, es que es un buen pie para impulsar la innovación en Chile. Como ya he escrito en columnas anteriores, si Chile realmente quiere ser un país desarrollado, no debemos confiar nuestra economía sólo en nuestros recursos naturales, como lo son el cobre y la industria pesquera, sino incentivar una sociedad del conocimiento y exportar ciencia y tecnología.
Ahora bien, el Global Innovation Index (GII), realizado por INSEAD eLab, es un índice que mide a través de 2 indicadores, los insumos de la innovación y los resultados de ella, la competitividad de la innovación en el mundo. El índice entrega resultados no tan alentadores, ya que de los 125 países evaluados, ningún país Latinoamericano quedo entre el top 30, y 3 se encuentran entre los 25 peores evaluados, que son Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Dentro de los países de ingresos medios, Chile alcanza la posición número 38 a nivel global, el segundo dentro de su categoría después de Malasia y el único del continente en estar dentro de los 40 primeros. Dentro de los otros destacables, Costa Rica se encuentra en el lugar 45, Brasil en el lugar 47 y Argentina en el 58.
El índice destaca algunas cosas favorables de Chile, pero también entrega recomendaciones. En general muestra buenos resultados en la evaluación de las instituciones económicas y políticas existentes, además de la infraestructura presente, pero muestra deficiencias en los resultados de la evaluación en educación, esfuerzo de investigación y desarrollo, además de producción científica.
Para contrarrestar esto, la estrategia nacional es aumentar el gasto en investigación y desarrollo. El año pasado se aumentó el monto de los proyectos aprobados por parte de CORFO, después de una reestructuración, en casi un 80%. Ahora bien, el proyecto de ley busca entregar incentivos a la investigación y desarrollo con un 35% de crédito contra el impuesto de primera categoría y uso del 65% como gasto tributario.
Esta ley es un buen primer paso, pero aún estamos lejos de los países más desarrollados en el tema. Es por ello que se necesitan más fomentos a la innovación, además de continuar los esfuerzos por acercar a la academia y la empresa privada en la investigación y desarrollo, de manera de poder desarrollar una economía sustentable a largo plazo que contemple más oportunidades de desarrollo dentro del ámbito académico de las Universidades y entregando espacio a los doctores chilenos para continuar sus investigaciones en nuestro país.
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