La aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental y todo el marco
regulador derivado de su aplicación debe hacer posible la armonización
entre la protección del entorno natural y el desarrollo económico en
términos de sostenibilidad.
Esta es una de las principales
conclusiones de la II Estancia sobre Responsabilidad Medioambiental y
Valoración de Daños; organizada por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y el Grupo Tragsa, en el que una treintena de juristas y
expertos han analizado los aspectos fundamentales del nuevo marco legal
derivado de la Ley de Responsabilidad Ambiental.
El encuentro ha
tenido lugar en la sede del Centro Nacional de Educación Ambiental
(Ceneam) de Valsaín (Segovia) y ha contado con la participación de
magistrados y jueces; así como de expertos en derecho medioambiental,
entre los que destaca la presencia del fiscal coordinador de Medio
Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher.
En su
intervención, el fiscal ha valorado el criterio establecido en el nuevo
marco legal de "quien contamina, paga", así como la obligación de las
empresas que generen daños medioambientales derivados de su actividad o
de una posible negligencia de devolver las zonas afectadas a su estado
original.
En su opinión, los cambios en esta materia suponen "un
cambio psicológico brutal a la hora de la percepción de los delitos
medioambientales no solo para los juristas, sino para las empresas y los
agentes relacionados con el medioambiente".
En este sentido, ha
puesto como ejemplo una reciente resolución de la Junta de Extremadura
relacionada con la protección de especies como el buitre negro y el
buitre leonado, que determina los hipotéticos daños a estas aves en
función de "su tamaño, su rareza y las principales amenazas".
Además,
la valoración económica de las posibles indemnizaciones se hace en
función de la inversión realizada para su recuperación y los beneficios
tangibles que genera, tales como el turismo ornitológico.
El
fiscal ha reconocido también la "extraordinaria complejidad" de la
aplicación de esta ley, derivada de la transposición de una normativa
europea que en Reino Unido o Francia no está siendo aplicada en su
totalidad, lo que ha valido a estos países una advertencia de la
Comisión Europea en este sentido.
En el caso de España, Vercher ha
manifestado que estamos "en la línea" de la legislación medioambiental
que se plantea en otros países, aunque ha reconocido que hay aspectos
"en los que debemos mejorar sensiblemente, tales como en el maltrato a
los animales o en la ordenación del territorio".
Asimismo, ha
advertido del riesgo de que la aplicación de la ley pueda ser una
"barrera infranqueable" para muchas empresas, que puedan llevar sus
inversiones a otros países debido al estricto marco legal en materia
medioambiental, y ha asegurado que es necesario articular sistemas que
"armonicen la protección del entorno natural con el desarrollo
sostenible de la economía y de los proyectos empresariales".
Por
su parte, el presidente del Grupo Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, ha
expresado el deseo de su grupo de "poner al servicio de los juristas y
de los jueces la experiencia y el bagaje de conocimientos acumulados"
durante su trabajo en el ámbito de la conservación y mantenimiento de
carreteras.
Así mismo, ha precisado que encuentros como el de
Valsaín "sirven no sólo para poner en común el trabajo jurisprudencial
de los jueces y magistrados, sino para ofrecer vías de trabajo que
puedan servir para un desarrollo sostenible de las empresas".
EFE. ABC.es.
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