La aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental y todo el marco
regulador derivado de su aplicación debe hacer posible la armonización
entre la protección del entorno natural y el desarrollo económico en
términos de sostenibilidad.
Esta es una de las principales conclusiones de la II Estancia sobre
Responsabilidad Medioambiental y Valoración de Daños; organizada por el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Grupo Tragsa, en el que
una treintena de juristas y expertos han analizado los aspectos
fundamentales del nuevo marco legal derivado de la Ley de
Responsabilidad Ambiental.
El encuentro ha tenido lugar en la sede del Centro Nacional de
Educación Ambiental (Ceneam) de Valsaín (Segovia) y ha contado con la
participación de magistrados y jueces; así como de expertos en derecho
medioambiental, entre los que destaca la presencia del fiscal
coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio
Vercher.
En su intervención, el fiscal ha valorado el criterio establecido en
el nuevo marco legal de “quien contamina, paga”, así como la obligación
de las empresas que generen daños medioambientales derivados de su
actividad o de una posible negligencia de devolver las zonas afectadas a
su estado original.
En su opinión, los cambios en esta materia suponen “un cambio
psicológico brutal a la hora de la percepción de los delitos
medioambientales no solo para los juristas, sino para las empresas y los
agentes relacionados con el medioambiente”.
En este sentido, ha puesto como ejemplo una reciente resolución de la
Junta de Extremadura relacionada con la protección de especies como el
buitre negro y el buitre leonado, que determina los hipotéticos daños a
estas aves en función de “su tamaño, su rareza y las principales
amenazas”.
Además, la valoración económica de las posibles indemnizaciones se
hace en función de la inversión realizada para su recuperación y los
beneficios tangibles que genera, tales como el turismo ornitológico.
El fiscal ha reconocido también la “extraordinaria complejidad” de la
aplicación de esta ley, derivada de la transposición de una normativa
europea que en Reino Unido o Francia no está siendo aplicada en su
totalidad, lo que ha valido a estos países una advertencia de la
Comisión Europea en este sentido.
En el caso de España, Vercher ha manifestado que estamos “en la
línea” de la legislación medioambiental que se plantea en otros países,
aunque ha reconocido que hay aspectos “en los que debemos mejorar
sensiblemente, tales como en el maltrato a los animales o en la
ordenación del territorio”.
Asimismo, ha advertido del riesgo de que la aplicación de la ley
pueda ser una “barrera infranqueable” para muchas empresas, que puedan
llevar sus inversiones a otros países debido al estricto marco legal en
materia medioambiental, y ha asegurado que es necesario articular
sistemas que “armonicen la protección del entorno natural con el
desarrollo sostenible de la economía y de los proyectos empresariales”.
Por su parte, el presidente del Grupo Tragsa, Miguel Giménez de
Córdoba, ha expresado el deseo de su grupo de “poner al servicio de los
juristas y de los jueces la experiencia y el bagaje de conocimientos
acumulados” durante su trabajo en el ámbito de la conservación y
mantenimiento de carreteras.
Así mismo, ha precisado que encuentros como el de Valsaín “sirven no
sólo para poner en común el trabajo jurisprudencial de los jueces y
magistrados, sino para ofrecer vías de trabajo que puedan servir para un
desarrollo sostenible de las empresas”.
EFE. ABC.es.
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