Singularmente interesante resultan las cifras y los análisis publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe 2011 “Sustentabilidad y equidad: un mejor futuro para todos”. Es primera vez que desde este organismo aparecen cruzadas las variables medioambientales con los índices de pobreza y de calidad de vida de la población, lo que arroja, entre otras cosas que “el aumento del ingreso se ha asociado con un deterioro en indicadores medioambientales cruciales, como emisiones de dióxido de carbono, calidad del suelo y cubierta forestal”.
Este aumento del ingreso ha ido acompañado del empeoramiento en la distribución, lo que permite proyectar que, “en muchos casos, los más pobres son y seguirán siendo los más afectados por las consecuencias del deterioro ambiental, pese a que su contribución al problema es mínima. Por ejemplo, los países con IDH (Índice de Desarrollo Humano) bajo son los que menos han influido en el cambio climático global, pero sin embargo, han experimentado la mayor disminución en las precipitaciones anuales y el mayor aumento en su variabilidad.”
El informe reconoce que en el mundo entero, el aumento sostenido del IDH se asocia con degradación ambiental, pues el crecimiento económico se ha vinculado a la producción de bienes y no a la prestación de servicios como salud o educación. Es decir, queda de manifiesto que aquello que la cultura hegemónica considera “desarrollo humano”, requiere de la destrucción del hábitat que alberga a los humanos, y por supuesto también, de la destrucción de los humanos que no están dispuestos a sacrificar su hábitat por el desarrollo económico. El caso de Chile, ferviente impulsor del neoliberalismo, es evidente: la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático establece 9 parámetros de vulnerabilidad, de los cuales Chile posee 7, es decir, el país que figura 44 en la medición de IDH, es el más vulnerable en términos de la degradación medioambiental. ¿Arrojará esto que aquello a lo que estamos llamando desarrollo humano es insustentable y debiera cuando menos considerar variables intergeneracionales?
Estos antecedentes cuestionan a nuestro juicio –claro que el informe no lo hace– el fondo de los parámetros valóricos del neoliberalismo: sobreconsumo, obsolescencia programada, el miedo como herramienta de control social, depredación del entorno para satisfacción vertiginosa de necesidades ficticias, centralismo, aniquilación de la autonomía y las soluciones locales, etc. Por ejemplo, en la actualidad, unos 350 millones de personas en el mundo, muchos de ellos pobres, viven en bosques o cerca de ellos y dependen de sus recursos para subsistir y generar ingresos, viendo amenazado su futuro por la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático.
En Chile esto es patente: 67% de nuestro territorio presenta niveles de desertificación media o alta, ligada fundamentalmente a la expansión de las actividades extractivas, como la megaminería (el sector ha triplicado su producción en las últimas dos décadas y proyecta tres veces más inversión que la registrada en este tiempo para los próximos 7 años, en un contexto de crisis hídrica generalizada en el norte del país), o la industria forestal (actualmente 3 millones de hectáreas de pinos y eucaliptus han sustituido el bosque nativo e inutilizado tierras agrícolas, según el último censo agropecuario en 10 años se ha aumentado en 32% el suelo para cultivo y producción agrícola), las comunidades mapuche están asediadas, las plantaciones forestales chupan toda el agua, no permiten la medicina tradicional en base de hierbas, acidifican la tierra inviabilizando la agricultura, todas cuestiones que están en el fondo de las demandas campesinas e indígenas, pero que han sido sistemáticamente desoídas y criminalizadas por las autoridades.
Para ahondar el debate se requiere pensar con audacia, en especial en vísperas de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) de las Naciones Unidas. Según el Informe, los consejos y desafíos pasan por idear mecanismos de mitigación para los afectados y afectadas, fijar una tasa a las transacciones de divisa, o invertir en la gobernanza ambiental y en la economía verde. Esos ajustes, desde nuestra mirada, solo ayudarán a sostener un modelo de desarrollo absurdo y suicida, cuando lo que necesitamos realmente es iniciar un cambio cultural profundo que dé paso a otros modos de vida, modos que palpitan en el cotidiano de cientos de comunidades que por defender lo que son, son actualmente criminalizadas y perseguidas por todo el planeta y por supuesto también en Chile. Es de esperar que las organizaciones y comunidades logremos posicionar una reflexión paralela a la agenda de estas cumbres.
* Lucio Cuenca es Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
